En la reunión también han estado presentes, el viceconsejero, Javier Luengo y la directora general de atención a personas con discapacidad, Pilar López. "Las personas con discapacidad, junto con las personas mayores, son las que han sufrido desproporcionadamente los efectos del coronavirus", señala el Comité.

 

En la Comunidad de Madrid residen, según las últimas estadísticas publicadas, 363.954 personas con discapacidad, por lo que han pedido a la Administración desde el primer momento poder disponer de los datos globales actualizados de la incidencia e impacto del coronavirus en los 235 centros de personas con discapacidad o con problemas de salud mental de la región, así como aquellas que hayan estado hospitalizadas o con tratamiento en sus domicilios.

 

Además, la entidad ha insistido en la importancia de que las personas que viven en los centros residenciales, así como las que les prestan apoyo y las atienden, dispongan de los equipos de protección que precisen, y de los medios sanitarios adecuados, tanto materiales como personales. También ha reclamado que se proporcionen de forma urgente las pruebas de detección, esenciales para evitar el contagio, tener garantías de seguridad y que no crezca aún más el balance de personas afectadas.

 

El Comité también le ha trasladado a Reyero la necesidad de una planificación clara para el sostenimiento de la Red de atención a personas con discapacidad, a corto y medio plazo, y la creación de un fondo económico extraordinario de contingencia, para planificar y programar una nueva estructura de apoyos y acompañamiento social a las capas de población en mayor situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad y sus familias.

 

"En la crisis del 2008 la actuación de las organizaciones del sector de la discapacidad fue trascendental para mitigar los indeseables efectos que tuvo sobre la población, y en esta crisis las personas con discapacidad no se pueden quedar también atrás. Por ello, defendemos que la Comunidad de Madrid, en sus planes de reactivación, debe tener entre sus prioridades y desde el primer momento a las personas con discapacidad", señalan.

 

El diálogo con el tejido asociativo de la discapacidad, articulado en torno a esta entidad es "imprescindible", por lo que conminan al Gobierno de la región a que establezca de forma urgente los canales y mecanismos para que se produzca. "Queremos ser participes y colaboradores en las soluciones", añaden en un comunicado.

 

CERMI Comunidad de Madrid, entidad que actualmente representa a más de 300 entidades del ámbito de la discapacidad el la Región, quiere poner en valor, una vez más, "la admirable profesionalidad que están demostrando, día tras día, trabajadores y personal voluntario de las entidades del movimiento asociativo que atienden a las personas con discapacidad que más lo necesitan, tanto en los centros residenciales como en sus viviendas particulares".